IDT busca configurar una novedosa política pública que permitirá ordenar la relación entre las comunidades, las empresas y el Estado frente a los grandes proyectos de inversión. A partir de esta meta, se busca establecer procesos efectivos, que mediante una evaluación integral de los impactos y de acuerdos de valor compartido, conduzcan al desarrollo del territorio y de todos sus habitantes.
En este marco, la labor de Casa de la Paz apunta a dar vida a un Fondo, diseñado a través de un proceso participativo que involucre a actores de todos los sectores ligados al tema, y que -al mismo tiempo- permita financiar un Sistema de Diálogo Permanente (es decir, a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto), e incluya el financiamiento de un Sistema de Resolución de Controversias y otro Sistema de Acreditación de Facilitadores y Mediadores del Diálogo[1].
El trabajo realizado a la fecha ha considerado el levantamiento de información primaria, a través de entrevistas semi -estructuradas a actores clave, junto al registro y análisis de información secundaria, o benchmarking. Esta labor ha permitido que el equipo ejecutor acceda a la revisión detallada tanto de experiencias nacionales como internacionales, las que junto con las inquietudes y expectativas de un conjunto de actores clave (representantes del sector público, el sector privado y de comunidades), se han tomado como referencias para el diseño del Fondo de Apoyo al Diálogo, con el fin de mantener un proceso de diseño altamente participativo.
Asimismo se ha trabajado en la investigación de ocho componentes fundamentales que permitirían estructurar el Fondo de Apoyo al Diálogo y que corresponden al Modelo Financiero; Líneas de Financiamiento; Gobernanza; Arquitectura; Marco Normativo Interno; Marco Normativo Externo; Registro de organizaciones, y Tamaño del Fondo.
Entre los retos a enfrentar, nuestra Fundación subraya la importancia de que esta nueva herramienta de diálogo preserve un conjunto de estándares. Equidad y simetría: a fin de procurar todas las acciones necesarias para nivelar las condiciones entre las partes, de cara a la comprensión y manejo de la información relevante para la toma de decisiones y posiciones; Independencia: los procesos financiados por el Fondo deben garantizar la no existencia de conflictos de intereses, ni de influencia de los aportantes; Transparencia: todo el manejo financiero y administrativo del Fondo debe ser reportable y de público conocimiento; Eficiencia: las acciones y actividades realizadas por el Fondo deben preservar la calidad de los servicios con costos razonables y en los plazos adecuados, y Territorialidad: las particularidades y realidades locales deben considerarse en todo momento, así como la autonomía e independencia de los territorios.
________________
[1] Estos temas están siendo abordados por otras tres consultorías a cargo de Espacio Público, la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y el Centro de Políticas Públicas UC. Más información en este link.